Como venimos señalando desde la creación de Consenso Bariloche, frente a la usurpación de tierras públicas y privadas en Villa Mascardi, el gobierno adopta una postura de parte y sistemáticamente desoye la posición de la ciudadanía argentina que no adhiere al uso de la violencia como método de reivindicación y ejercicio de derechos y que vive en el marco del estado de derecho definido por la Constitución Nacional.
¿Qué significa estado de derecho para un gobierno que convoca a una mesa de diálogo violando las más elementales garantías constitucionales, interfiriendo en el accionar de la Justicia? La primera responsabilidad del Estado, y del gobierno en tanto administrador del Estado, es el imperio de la ley en todo el territorio nacional, responsabilidad y potestad que nombramos con la palabra soberanía.
Como dicen los vecinos de Mascardi, para que podamos creer y confiar en que el Estado argentino está cumpliendo su función, que incluye mediar en los conflictos, hay principios básicos que debe cumplir una mesa de diálogo convocada por el gobierno:
- Respeto y defensa del derecho de propiedad consagrado en la Constitución Nacional.
- Cumplimiento de las leyes y de los procedimientos institucionales que regulan la convivencia en la Nación argentina.
- Respeto de la división de poderes y del accionar de la Justicia sin interferencias.
- Compromiso de recuperar, mantener y afianzar la paz en Villa Mascardi y en todo el territorio nacional.
Esta mesa de diálogo se desarrolla en el contexto de la suspensión por 90 días del juicio por la usurpación, decidida por el juez a pedido del Poder Ejecutivo nacional. Nos embarga el desaliento.
El gobierno argentino prioriza el diálogo con quienes violan la ley y evita hablar de reparación e indemnización a las víctimas de los robos, usurpaciones, incendios en Mascardi. Cuando el Estado incumple su rol básico de garante de la ley y mediador en el conflicto, deja de trabajar para la convivencia.