La Asociación Vecinal Lago Mascardi presentó hoy ante la Administración de Parques Nacionales (APN) el pedido de nulidad del acuerdo de la Mesa de Diálogo y que se suspendan sus efectos.

Diego Frutos, presidente de la Asociación Vecinal Lago Mascardi y otros propietarios damnificados piden al directorio de Parques Nacionales que se abstenga de ratificar u homologar el acuerdo suscrito el 1 de junio del 2023 en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el marco del tercer encuentro de la Mesa de Diálogo por el conflicto de Villa Mascardi. En el acuerdo, la APN “se comprometió a llevar adelante al menos ocho acciones en favor de Lafken Winkul Mapu y de sus integrantes en zona estricta del área protegida, desafectando de hecho el uso y goce público del parque nacional para afectar al uso particular de personas procesadas en innumerables causas penales por delitos cometidos en Villa Mascardi”, cuestionan los firmantes.

En una presentación de 20 páginas, desgranan los motivos por los que piden la nulidad del acuerdo de la Mesa de Diálogo:

Exclusión de una de las partes

A la Mesa de Diálogo fueron convocadas e invitadas ”todas las partes del conflicto menos la Asociación Vecinos Lago Mascardi y los vecinos que la integran”, directamente afectados por la problemática. En el escrito expresan que “resulta inexplicable que el Estado Nacional no haya citado ni dado intervención a los vecinos de Villa Mascardi y a la Provincia de Río Negro, que es otro actor clave en este conflicto. sobre todo, teniendo en cuenta que el 9 de mayo de 2023 solicitaron formalmente participar al Secretario de Derechos Humanos, sin haber recibido respuesta.

Incompetencia

El compromiso asumido por Parques Nacionales excede ampliamente las competencias que la ley le asigna, por lo que lo firmado carece de legalidad, El presidente del organismo, Federico Granato, no tiene facultad para reconocer como sitio sagrado “la talla antropomorfa fruto del delito”, “ni a Betiana Colhuan como persona con algún tipo de privilegio y don y para ejercer tareas espirituales y medicinales”, ni puede autorizar la construcción de viviendas en el parque, comprometiendo recursos del Estado.     

Precedente de ilegalidad

Según el escrito, el acuerdo promueve que funcionarios públicos de alto rango “a sabiendas, omiten deliberadamente dar cumplimiento a los deberes que tienen a su cargo”. Además, viola la Constitución Nacional, la ley de procedimientos administrativos (19.549), la ley de parques nacionales (22.351) y la resolución del Directorio de APN (154-1991) que regula los permisos precarios de uso. Esta resolución indica que el reconocimiento como pobladores supone tener residencia y usufructo del permiso durante los últimos 20 años de forma ininterrumpida, con actividades autorizadas dentro de la jurisdicción de la APN.

Violación a la ley aplicable

Además, el art. 34 del Código Procesal Penal en cuyo marco se propone la conciliación, impide celebrar acuerdos en delitos cometidos con grave violencia sobre las personas. En este caso, los integrantes de la Lafken Winkul Mapu no solo usurparon violentamente, tambíen se los investiga por agresiones y amenazas a particulares, ataques con armas de fuego, bombas molotov y piedras a autoridades policiales y judiciales, incluyendo a la Gobernadora Arabela Carreras, incendios, destrucción de construcciones privadas y puestos policiales 

Viola el principio de legalidad

Viola el sagrado principio de legalidad al lesionar el derecho de la Asociación Vecinal Lago Mascardi a obtener una justa reparación por los daños sufridos y a obtener un pronunciamiento en la justicia penal.  Además afecta el interés general de todos los visitantes del parque al restringir arbitrariamente el derecho de gozar y usar la totalidad del área protegida, creada por ley nacional y patrimonio público del Estado Nacional. 

Convalida las vías de hecho y premia al delincuente

Violencia, amenaza e intimidación, como mecanismo válido para hacer valer supuestos derechos sin respetar la ley ni la Constitución Nacional. El organismo estatal se compromete a reconocer a la Lafken Winkul Mapu beneficios económicos, legales y políticos, y a ayudarlos a eludir a la Justicia. Los imputados no asumen responsabilidad ni ofrecen reparación alguna. Además, se les otorga el derecho de permanecer y usar una parte del territorio usurpado, que se les construyan viviendas y a recibir otras tierras del dominio público, saltándose todos los pasos legales que tiene que cumplir la inmensa mayoría de las comunidades indígenas de manera pacífica y respetando los derechos de terceros. 

En la presentación, los vecinos de Mascardi consideran que la sola existencia del acuerdo los habilita a plantear “las acciones pertinentes en defensa de nuestros derechos”. Y mencionan: reparación económica y moral por los daños sufridos y obtener justicia, el juicio y castigo a los responsables de los delitos, además del pleno uso del parque nacional por todos los visitantes. 

Lo hacen en tanto damnificados directos por el accionar ilícito de los integrantes de Lafken Winkul Mapu que sufrieron daños a su integridad física y propiedades, amenazas, intimidaciones, lesiones, robos, hurtos, estragos, incendios, restricciones a la libertad de tránsito, circulación y, principalmente, un quiebre total en la convivencia pacífica del lugar,

Además, hacen reserva de iniciar las acciones contencioso-administrativas y denuncias penales pertinentes ante la justicia, en el caso que no se haga lugar a su pedido de nulidad del acuerdo.

“Las bases mismas del Estado de Derecho repudian categóricamente que funcionarios públicos pretendan utilizar un método de solución alternativa del conflicto penal para entregar a los delincuentes aquello de lo que intentaron apropiarse mediante la fuerza y el delito, despreciando las normas y los procedimientos legales preestablecidos”, afirman.