El referente mapuche Orlando Carrique contra el proyecto del diputado nacional Miguel Pichetto para derogar la Ley 26160. “En la Argentina existe una negación del carácter indígena de la sociedad que se relaciona con no discutir el genocidio”, afirmó el referente mapuche Orlando Carriqueo. “Los territorios de toda la Patagonia, hasta hace ciento cuarenta y cinco años, eran comunitarios”, expresó. 

Carriqueo, werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, se refirió al proyecto del diputado nacional Miguel Pichetto para derogar, con carácter retroactivo, la prórroga de la Ley 26.160 por decreto del ex presidente Alberto Fernández. 

“Un proyecto de ley inconstitucional antidemocrático violatorio de los DDHH y de los Derechos Indígenas. Esconde el colonialismo extractivo y es funcional a las órdenes y planes de Estados Unidos”, sostiene el referente en su perfil de la red social X.

En los fundamentos del proyecto, Pichetto promueve que los cambios sean retroactivos: “en virtud de la envergadura de las irregularidades cometidas y que se pretenden revertir, así como de sus efectos, se impone la expresa condición de la retroactividad de esta legislación”. 

Irregularidades del INAI en la aplicación de la Ley 26160

El diputado sostuvo que el amparo de la 26160 está dirigido a comunidades cuya personería jurídica se encontraba inscripta al momento de la sanción de la ley (2006) en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (creado en 1996). Habla de desnaturalización del objeto de la ley.

Sostiene que el INAI actuó “en clara extralimitación de sus facultades” y “sin la debida transparencia que estos procesos requieren” y que la 26160 ocasionó “gravedad institucional” cuando sentencias firmes quedan suspendidas por años: el poder judicial congelado por el Congreso. 

Y señala que el INAI ha relevado comunidades indígenas que no son originarias del actual territorio argentino, comunidades que son descendientes de quienes no habitaban el territorio nacional en la época de la conquista y comunidades indígenas sin personería jurídica. 

Según Pichetto, la norma que propone “busca restablecer el cumplimiento de las reglas que ordenan derechos, no olvidando que ningún derecho es de tipo absoluto, sino que, tal como harta doctrina y jurisprudencia lo tiene dicho, está sujeto a las reglamentaciones de su ejercicio”.