El gobierno nacional derogó la Ley 26160 de Emergencia Territorial Indígena, vigente desde noviembre de 2006. Cambio crucial en la política territorial. La medida, publicada a primera en el Boletín Oficial y firmada por el presidente y todos los ministros, entró en vigencia hoy.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1083/2024 del Presidente Javier Milei derogó el decreto 805/2021, por el que Alberto Fernández había prorrogado la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas establecida en la Ley 26.160. 

“Cada día que transcurre con la suspensión de desalojos genera una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños”, señala el decreto. Para el gobierno, la emergencia trajo inseguridad jurídica y conflictos territoriales que afectaron derechos constitucionales. 

Los considerandos afirman que las sucesivas prórrogas de la ley facilitaron “abusos”, incluyendo la “inscripción irregular de comunidades indígenas”. Según el texto hay 1626 comunidades reconocidas, aunque según el Gobierno, muchos “no cumplen con los requisitos mínimos”. 

El decreto sostiene que la emergencia territorial frenó inversiones y proyectos de infraestructura, además de limitar el uso productivo de las tierras.“Es imprescindible recuperar la confianza de los ciudadanos en que su propiedad será respetada ”, subrayaron desde el gobierno.

Lo que viene

Derogada la suspensión de desalojos, los propietarios afectados por ocupaciones podrán “retomar acciones legales” para recuperar sus tierras: se busca garantizar el pleno ejercicio de dominio, uso y disposición de los bienes inmuebles involucrados.

Hace dos semanas, en una reunión en Villa la Angostura, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich había adelantado que el gobierno tenía en carpeta derogar la Emergencia. El Gobierno confía en que esta medida contribuirá “a fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversiones” y ayudará a resolver conflictos territoriales. El impacto de la decisión dependerá del manejo de disputas territoriales identificadas en todo el país.

Fuente: La Nación