Sobre la derogación de la Ley 26160, el director ejecutivo de Consenso Patagonia Juan Trebino expresó a El Cordillerano que ve bien el cese de la emergencia territorial indígena. También cree que ahora debería estructurarse una normativa que delinee los puntos en blanco que perduran en cuestiones vinculadas al tema.
El gobierno nacional derogó el decreto del ex presidente Alberto Fernández que prorrogaba la ley 26160 hasta noviembre de 2025. La emergencia estaba vigente desde 2006 y fue prorrogada cuatro veces. “Entendemos que una ley de emergencia que suspende los desalojos no puede estar vigente in aeternum, sino por una ventana de tiempo determinada, a los fines de garantizar los derechos indígenas, mapear, relevar y seguir el curso legal de lo amparado constitucionalmente”, sostuvo.
“A nuestro criterio, además, la última prórroga de la 26160 era inconstitucional, porque una ley no puede prorrogarse por un decreto”, explicó, y consideró que esa norma “se utilizó políticamente y de manera abusiva para violar otros derechos fundamentales como la propiedad privada”.
“En ese contexto, estamos de acuerdo con que se termine la emergencia y que queden liberadas las causas judiciales para que los jueces, en el marco del derecho, el entendimiento y la valoración de cada uno de los casos, tomen la resolución que legalmente corresponda”, apreció.
Lo que viene ahora
Trebino expresó cautela sobre las consecuencias del fin de tan larga emergencia “con la manipulación social y política que se hizo” y consideró que se requiere de una tarea seria, profunda y coordinada con las jurisdicciones que tendrán que articular el nuevo escenario jurídico.
“Deberíamos empezar a trabajar en leyes de presupuestos mínimos que ordenen la problemática”, señaló Trebino, “no puede ser que no existan normas en cuanto a protocolos de consulta previa libre e informada y cada jurisdicción haga lo que quiera o pueda con lo que tiene”, opinó.
Trebino sostuvo que las consultas, que deberían estar en cabeza de los ejecutivos, muchas veces son realizadas por empresas, cosa que no corresponde”, como tampoco puede ser que no haya una ley de propiedad comunitaria: “No sabemos en qué concepto se entregan tierras”, afirmó.
Fuente: El Cordillerano