Los diputados nacionales por Río Negro Agustín Domingo y Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro) presentaron un proyecto para modificar el Código Penal de la Nación con el objetivo de darle más herramientas a los jueces para sancionar y enjuiciar a usurpadores.
Si bien el texto generaliza sobre usurpaciones y ocupaciones, la iniciativa focaliza en la problemática mapuche y los numerosos episodios protagonizados por autodenominadas comunidades de pueblos originarios que se escudan detrás de supuestas reivindicaciones ancestrales para apropiarse ilegalmente de espacios públicos y privados.
“Cuando la reforma habla de derechos tradicionales injustificados, hablamos de aquellos grupos que se esconden bajo una supuesta legitimidad de derecho tradicional, contemplado en la Constitución Nacional, para justificar estos actos de vandalismo” explicaron los autores.
En caso de que los actuantes pertenezcan legítimamente a comunidades mapuches, serán juzgados según la figura básica de la usurpación, sin agravantes.
El proyecto está en consonancia con otro similar que elevó el ex gobernador de Río Negro y actual senador Alberto Weretilneck.
“Somos testigos de cómo el derecho a la propiedad está siendo vulnerado. Por eso proponemos que se otorguen más facultades a nuestros jueces para que hagan respetar nuestra Constitución” aseguró Domingo.
Di Giácomo, por su parte, sostuvo que “la iniciativa busca fijar penas más duras y celeridad en los procesos de restitución a los damnificados”. “Hay que encontrar una solución de fondo al delito de las usurpaciones y un acompañamiento efectivo a los propietarios de inmuebles afectados por las tomas y usurpaciones”, agregó.
En la modificación del artículo 181, los autores del proyecto endurecen las penas a quienes protagonicen las usurpaciones a través de violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad. La pena que prevén será de seis meses a tres años de prisión.
Hacen hincapié, además, en las usurpaciones grupales, estableciendo sanciones aún más estrictas a los impulsores y organizadores,con penas de 3 a 6 años de prisión, y de 1 a 4 para todos los demás participantes del delito.