La comunidad Fvta Xayen fue excluida de un juicio por posesión de un campo en Tratayén por no contar con personería jurídica. Recurrieron a la Corte Nacional para insistir con el reclamo.

La autodenominada comunidad mapuche Fvta Xayen busca llevar su reclamo por tierras en la estratégica zona de Tratayén, en Vaca Muerta, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) les negara su reconocimiento como parte legítima en un juicio por interdicto iniciado por la familia Galván, propietaria del predio desde 1977.

El conflicto gira en torno a un campo que, según los demandantes, fue ocupado de manera ilegal por personas que se presentan como integrantes de una comunidad mapuche, aunque no tienen personería jurídica ni están inscriptos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci). Por ese motivo, el TSJ resolvió que no pueden participar del proceso en calidad de comunidad indígena.

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Sin embargo, los demandados no se rinden y presentaron un recurso de queja federal para que el máximo tribunal del país revise el caso. El abogado Juan Fittipaldi, apoderado de la familia Galván, pidió que se rechace el recurso por “improcedente” y denunció una maniobra jurídica para “forzar la inclusión de un actor inexistente”.

“No hay cuestión indígena aquí. Hay una ocupación ilegal de personas físicas que se escudan en una figura comunitaria no reconocida”, sostuvo Fittipaldi.

Una larga disputa judicial
El conflicto entre los Fvta Xayen y los Galván comenzó en 2017 con ocupaciones en sectores como Los Algarrobos y Los Pilares, en cercanías de Tratayén. Aunque en aquel momento se evitó una condena penal gracias a una salida alternativa ofrecida por el Ministerio Público Fiscal, los reclamos por la posesión de la tierra continuaron.

Durante la pandemia, integrantes de la comunidad se instalaron nuevamente en el campo bajo el argumento de estar “al resguardo” mientras gestionaban una personería jurídica que nunca obtuvieron. Según la familia Galván, cada intento de trabajar la tierra es bloqueado por personas que impiden tareas como el cultivo de alfalfa.

El peso del nuevo contexto legal
La derogación en diciembre de 2024 de la Ley 26.160 —que suspendía los desalojos de comunidades originarias y disponía relevamientos territoriales— cambió el panorama legal. Para Fittipaldi, ya no existe un cauce vigente para sostener el reclamo desde lo colectivo: “El intento de reintroducir el tema por vía del recurso a la Corte es parte de la estrategia de confundir lo territorial con lo procesal”.

En este contexto, el TSJ neuquino resolvió que solo se considerará el proceso en relación con personas físicas, como Diego Rosales, Martín Mardones, Luis González, Horacio y Liliana Romero, que se habían autodeterminado como miembros de la comunidad.

¿Puede una agrupación no reconocida llegar a la Corte?
Aunque no hay una comunidad jurídicamente constituida, el caso podría sentar un precedente clave: si una agrupación indígena sin reconocimiento estatal puede apelar hasta el máximo tribunal del país en un conflicto territorial.

El campo en disputa fue adquirido por Félix Galván en los años ’70 y contiene plantaciones de peras, manzanas y frutas de carozo. Tras su fallecimiento, la propiedad quedó en manos de sus hijos Carolina y Fernando, quienes han enfrentado largas demoras judiciales y obstáculos para poder trabajar la tierra.

Mientras el TSJ decide si concede el recurso federal, la tensión por la tierra persiste, en un contexto donde el avance de proyectos energéticos en Vaca Muerta y el debilitamiento de políticas de protección indígena reavivan viejos conflictos sin resolución definitiva.

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