El gobernador Alberto Weretilneck quiere regular en Río Negro el procedimiento de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, establecido en el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y aprobado en Argentina por Ley 24.071 de 1992.
El proyecto, con la firma del gobernador, se trató ayer en la legislatura provincial, durante el debate en comisiones, y se presentaron el Parlamento Mapuche de Río Negro y el Consejo de Desarrollo Indígena (Codeci) manifestando sorpresa por la propuesta inconsulta.
La consulta previa es una de las exigencias de las comunidades mapuches ante los grandes proyectos de inversión, como desarrollos mineros, de hidrocarburos y energías alternativas que consideran afecta los territorios que habitan o reclaman.
El proyecto oficial exige, para ser parte del procedimiento de consulta previa, que las comunidades tengan personería jurídica reconocida por la autoridad provincial y que se encuentren en el área de influencia de medidas que pudieren afectar derechos de incidencia colectiva.
Cuestionamientos mapuches
Desde el Codeci y el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro presentaron notas en la Legislatura para advertir que el proyecto del Ejecutivo sobre la consulta previa no contempla, paradójicamente, la opinión de referentes de los pueblos indígenas.
Cuestionan también que se exija tener personería jurídica, afectando a comunidades y pobladores que no la tengan, entre otros puntos, pidiendo a la Legislatura ser convocados antes de dar tratamiento a ese proyecto.
El Gobierno considera que pueden existir proyectos o medidas que pudieran ocasionar algún tipo de perjuicio a comunidades indígenas, por eso habilita esa instancia para que realicen observaciones y consideraciones y alcanzar un consentimiento sobre las medidas propuestas.
La iniciativa que ingresó el lunes a la legislatura tiene 4 artículos y un anexo de 5 capítulos y 25 artículos más, con detalles del procedimiento, en la órbita de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente. El gobierno tiene 90 días para reglamentarla, una vez aprobada.
Hasta el momento, Neuquén es la única provincia que reglamentó el procedimiento de consulta previa.
Fuente: Diario Río Negro