Las comunidades Lof Vera y Lof Curruhuinca demandan la intervención directa de funcionarios del gobierno de Rolando Figueroa para “canalizar el conflicto por el avance de las obras”. Denuncian que la firma concesionaria no conformó una Mesa Ambiental que analice el impacto de los trabajos.
Las comunidades mapuches Lof Vera y Lof Curruhuinca reclamaron públicamente la intervención directa de autoridades del gobierno provincial con el objetivo de “encauzar el conflicto generado por el avance de las obras en el cerro Chapelco”. A la vez, exigieron la presencia en el territorio de funcionarios del gabinete de Rolando Figueroa, que puedan brindar una respuesta institucional a sus demandas. Las comunidades cuestionaron la falta de instancias formales de diálogo y reclamaron por la conformación de una Mesa Ambiental para analizar en conjunto los impactos del proyecto.
En ese punto, las comunidades mapuches indicaron que el Estudio de Impacto Ambiental se entregó en las últimas horas y en un contexto que, según señalaron, “dificulta una evaluación adecuada”. En un comunicado que difundieron en la jornada de este viernes, 30 de enero afirman que la información se presentó de manera tardía, sin los tiempos necesarios para una participación efectiva y relativizaron el cumplimiento de los procedimientos ambientales y consideraron que aún no existen garantías claras sobre la evaluación integral de las obras.
La nota recuerda que el pasado miércoles, 28 de enero firmaron un acta, con la participación de representantes de la empresa, organismos provinciales y autoridades comunitarias, que establece la suspensión de los trabajos por un plazo de 48 horas. No obstante, denunciaron que esa medida no se habría respetado. Según señalaron los referentes mapuches, más allá del debate técnico sobre los estudios ambientales, el reclamo apunta a la ausencia de una respuesta política concreta por parte del gobierno provincial.
En ese sentido, las comunidades entienden que el conflicto no puede resolverse sin la intervención directa de los ministerios involucrados y sin la presencia de sus máximas autoridades en el territorio. De ese razonamiento surgió el plazo de 48 horas que fijaron para que la ministra de Ambiente y recursos Naturales, Leticia Estéves y el titular de la cartera de Gobierno, Jorge Tobares “se presenten en la zona y brinden una respuesta formal, pública y por escrito”. En ese punto advirtieron que, de no ocurrir esa situación, “evaluarán avanzar con acciones administrativas, políticas y judiciales”.
Según señalaron los referentes de los Lof Vera y Curruhuinca, el reclamo no se limita a la discusión sobre una obra puntual, sino sobre la necesidad que el Estado asuma su responsabilidad institucional en la gestión del territorio y en los procesos de consulta a las comunidades originarias. Entre las principales demandas, exigieron la suspensión de los trabajos que no cumplan con las evaluaciones de impacto ambiental consensuadas, el respeto al carácter vinculante de la consulta previa y el funcionamiento efectivo de una Mesa Ambiental permanente.
Fuente: Minuto NQN
