Tras el fracaso de la reunión con el ministro Jorge Tobares la semana pasada, se instalaron en la sede gubernamental de Roca y Rioja. Desde el Ejecutivo de Neuquén llamaron al “diálogo”, pero siempre dentro del “orden institucional”.

Un grupo de referentes mapuches iniciaron una protesta este martes en Casa de Gobierno de Neuquén para continuar el reclamo por la entrega de cuatro personerías jurídicas a comunidades de la provincia, varias en la zona de Vaca Muerta. La medida se da tras el fracaso de la reunión de la semana pasada con el ministro Jorge Tobares en Tratayén. Por la noche, el Gobierno emitió un comunicado, donde pidió por el respeto a la «institucionalidad» y advirtió con «intervenir» en aquellas medidas que atenten contra el «orden social».

Se trata de integrantes de las comunidades Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura y Ragilew Cárdenas que todavía no cuentan con un reconocimiento formal por parte de la Provincia ni del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Ellos alegan haber cumplido «todos los requisitos» y aseguran que aguardan la entrega de personerías hace 10 años.

El gobierno aún no define si dárselas porque implicará reconocer a comunidades en zonas donde hay en marcha proyectos de desarrollo de Vaca Muerta, porque reclaman terrenos que están en disputa con privados y, en otros casos, porque se trata de «desprendimientos» de otras comunidades de la zona que lo resisten.

La semana pasada, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, viajó al paraje Tratayén para reunirse con los referentes, pero no llevó una respuesta.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, los funcionarios que viajaron informaron a las comunidades «la voluntad de trabajar en pos de seguir construyendo diálogo para resolver la situaciones inconclusas de muchas comunidades de la provincia».

Entre esas situaciones, incluyeron el trabajo con las personerías jurídicas, aunque sin dar una definición sobre qué decisión tomarán respecto del reclamo.

El comunicado de Provincia tras la protesta mapuche en Casa de Gobierno
A través de una nota de prensa, el Gobierno se refirió a las «acciones directas» llevadas a cabo por las comunidades en conflicto y calificó de «fundamental recordar que el ejercicio del derecho a peticionar debe enmarcarse dentro de la constitucionalidad y la normativa vigente».

En ese sentido, se indicó que «las medidas que tensionen el orden social o que puedan constituir transgresiones administrativas y/o penales, nos obligarán a instar a las autoridades judiciales a intervenir para asegurar la institucionalidad y el orden social«.

«Creemos firmemente que el diálogo y el respeto por los canales institucionales son el camino más efectivo para alcanzar soluciones y avanzar en el reconocimiento de derechos; con esta premisa instamos a las comunidades involucradas a reconducir sus peticiones dentro del marco normativo establecido», agregó el texto oficial.

Además, remarcaron que «en los términos del art. 53 de la Constitución de la Provincia del Neuquén y el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, 57 Comunidades de pueblos originarios han obtenido su personería jurídica en nuestra Provincia, testimonio de una historia de trabajo conjunto y el respeto mutuo».

Y pusieron como ejemplo que, en la última década, «se han otorgado 10 de estas personerías, la más reciente en 2022, lo que demuestra la continuidad de este proceso».

«Entendemos que pueden surgir inquietudes o demoras en los procesos administrativos. Para ello, la Ley Provincial 1284 de Procedimiento Administrativo ofrece vías institucionales claras para solicitar la consideración o reconsideración de lo peticionado, e incluso la instancia judicial para su revisión. Estas herramientas están diseñadas para garantizar que todas las peticiones sean atendidas dentro del marco de la ley«, sumaron desde el Ejecutivo neuquino.

Conflicto por personerías mapuches en Neuquén: un proceso de «efecto dómino»
En la gestión anterior, el gobernador Omar Gutiérrez había comprometido la creación de un Registro Especial de Comunidades para entregar las personerías que faltaban, a cambio de obtener consenso para la propuesta de consulta previa, libre e informada.

Si bien se había dado un plazo de 90 días, pero el plazo nunca se cumplió.

Como ya explicó Diario RÍO NEGRO, hay un «efecto dominó» que comienza con la personería, pues es la que habilita a que una comunidad pueda participar del relevamiento territorial para delimitar su ocupación de tierras. Y eso, a la vez, abre la puerta para la consulta previa cuando algún proyecto u obra pueda afectar esos territorios comunitarios.

Fuente: Río Negro