Ante la posibilidad de que se modifiquen las condenas a la Lafken Winkul Mapu, un abogado de esa comunidad explica las razones de los recursos presentados, mientras que quienes acompañan a la querella desestiman la posibilidad de algún cambio.

Recientemente se conoció la decisión del Tribunal Oral de General Roca de admitir los recursos presentados por los abogados defensores de los integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu en relación a la causa por usurpación de terrenos en Villa Mascardi, donde hubo sentencia condenatoria. Ante la determinación, la Cámara Federal de Casación Penal revisará el fallo.

Al respecto, el letrado Gustavo Franquet, de la Asociación Gremial de Abogados, entidad que acompaña legalmente a los condenados, explicó: “Un fallo de una instancia debe ser confirmado, modificado o revocado por otra superior. Normalmente, esa revisión que hacía Casación era limitada a cuestiones propias del derecho, legales, de interpretación y demás, pero a partir del denominado fallo Casal, de 2005, para cumplir con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en Argentina se determinó que la revisión tiene que ser compleja, es decir, que a la Cámara de Casación le corresponde hacer una revisión de la sentencia lo más exhaustiva posible, lo que significa que incluso hay que examinar la prueba y los testimonios. En tal sentido, justamente, por ejemplo, debe verse si la sentencia es congruente con los testimonios y las pruebas existentes”.

La referencia del abogado al “caso Casal” remite a una causa de un robo a un remís. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de la Capital Federal había condenado a Matías Eugenio Casal a la pena de cinco años de prisión por ser coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de armas; se dio por probado el testimonio del remisero que manifestó haber sido amenazado y golpeado con un arma de fuego. La defensa interpuso un recurso alegando que la prueba no permitía acreditar el uso de arma, pero Casación lo denegó en base al criterio de que las cuestiones de hecho y valoración de la prueba resultaban ajenas al control casatorio. Sin embargo, la Corte Suprema revocó esa sentencia y estableció que tal criterio era frustratorio de la garantía de la doble instancia que instituye la Convención Americana de Derechos Humanos. “El tribunal de casación debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable”, se definió.

Más allá de eso, Franquet recordó que igual situación se dio en la otra causa por usurpación de Villa Mascardi, cuestión sobre la que aún no se resolvió, algo que puede replicarse ahora: “Hay que tener en cuenta que lo mismo ocurrió respecto al primer juicio contra la Winkul Mapu, que se llevó a cabo el año pasado; Casación todavía no ha emitido un fallo indicando si confirma o revoca aquella sentencia”, señaló el letrado.

Por parte de Consenso Patagonia, entidad cercana a la querella particular que intervino en el último juicio, su director ejecutivo, Juan Trebino, ante las novedades, opinó: “Nosotros abogamos por la legalidad de los procesos judiciales; vivir en un Estado de derecho implica acatar las normas que los rigen y las decisiones que toma la Justicia. Así, creemos que esto está dentro de los carriles legales y normales. Es el derecho a que la condena que se dictó tenga una revisión. No obstante, creemos que no hay ninguna posibilidad de que la sentencia sea modificada y mucho menos revocada por Casación. Estamos casi convencidos de que las condenas se ratificarán, porque el andamiaje probatorio que logramos en el juicio es indiscutible”.

Fuente: El Cordillerano