Un juez civil intimó a la comunidad mapuche a dejar en cinco días el predio del camping Correntoso, que administran desde hace más de una década. La comunidad denunció intereses inmobiliarios detrás de la medida y anunció que resistirá el desalojo.
La comunidad mapuche Paicil Antriao de Villa La Angostura enfrenta una nueva disputa territorial tras la orden de desalojo dictada por el juez civil Francisco Astoul Bonorino sobre el predio del camping Correntoso, administrado por la comunidad desde hace más de diez años bajo el nombre Quilla Hue. La resolución judicial establece un plazo de cinco días para abandonar el lugar, bajo apercibimiento de aplicar la fuerza pública.
A través de un comunicado difundido este sábado, la comunidad anunció que no acatará la medida y solicitó la intervención del gobernador Rolando Figueroa y del ministro de Gobierno, Jorge Tobares, a quienes consideran claves para frenar lo que describen como “un nuevo atropello judicial”.
En el documento, Paicil Antriao cuestionó la actuación del magistrado y lo acusó de responder a intereses inmobiliarios ligados al desarrollo turístico en la zona. “El juez Bonorino se cree impune y dueño de la verdad. No vamos a aceptar carátulas absurdas, discriminatorias y racistas, que solo buscan beneficiar a especuladores inmobiliarios”, señalaron.
La comunidad también atribuyó vínculos del juez con el mercado inmobiliario local y mencionó al empresario Guillermo Hensel, a quien identifican como “socio activo” de quienes impulsan la denuncia. Según el comunicado, los denunciantes residen en Buenos Aires y no tienen vínculo directo con la localidad.
En medio de la disputa, la comunidad advirtió que el panorama se agrava tras la derogación de la Ley 26.160, que suspendía los desalojos en territorios indígenas y establecía relevamientos técnicos. Aseguraron que no esperan respuestas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), cuyo titular, Claudio Abruj, “es defensor de la propiedad privada y enemigo de la causa indígena”, según expresaron.
Paicil Antriao afirmó que ya planteó la situación al ministro Tobares y que no retrocederá frente al desalojo. “Por nuestra dignidad y nuestros derechos, a partir de este momento ponemos en resguardo territorial este espacio amenazado y, si es necesario, vamos a resistir”, concluyeron.
El conflicto vuelve a poner en agenda la tensión entre comunidades originarias, desarrollos inmobiliarios y decisiones judiciales en uno de los corredores turísticos más cotizados de la Patagonia. Las próximas horas serán clave para definir si la Provincia interviene y si la medida de desalojo avanza o queda en suspenso.
Fuente: Diario Neuquino
