Tras quince años de disputa judicial, el Estado muestra una alarmante falta de voluntad para dar respuestas de fondo al problema territorial.

La problemática de las usurpaciones de tierras en la Patagonia ha puesto en el centro del debate público la vulnerabilidad de los propietarios, la seguridad jurídica y el cumplimiento efectivo del Estado de Derecho. Vecinos y contribuyentes de la zona cordillerana expresan un persistente sentimiento de indefensión ante litigios que se extienden durante años sin una resolución efectiva por parte de las autoridades locales y provinciales.

El caso del Lote Pastoril 42, ubicado en la zona de El Pedregoso (frente al lago Nahuel Huapi, cerca de Villa La Angostura), es uno de los emblemas de esta situación. La ocupación se inició en diciembre de 2011, cuando integrantes de la familia Melo irrumpieron en la propiedad de María Cristina Broers, titular legítima de las tierras, con dominio inscripto desde 1973. Tiempo después, se sumaron miembros de la comunidad mapuche Quintriqueo.

Los ocupantes alegaron derechos de preexistencia y reivindicación territorial para el pastoreo de animales, aunque sin documentación acreditada ante organismos oficiales como el INAI. La propietaria, en tanto, demostró judicialmente la titularidad del inmueble, la posesión previa, planos aprobados y el pago continuo de impuestos.

Pese a contar con fallos de la justicia ordinaria y sentencias firmes que ordenaban la restitución del predio y el desalojo de los ocupantes, el proceso se dilató durante 15 años debido a sucesivas apelaciones, planteos de nulidad y la falta de auxilio de la fuerza pública por parte del gobierno provincial.

El último episodio, ocurrido el 20 de agosto, es un eslabón más en una larga y penosa cadena. Fuerzas oficiales se presentaron para concretar finalmente el desalojo de los usurpadores, pero apenas lograron liberar 50 de las 625 hectáreas: el 8 por ciento. Entre las razones invocadas se señaló que había menores en la propiedad y que faltaban representantes del organismo de Minoridad para garantizar su integridad. ¿Acaso no era previsible, en un procedimiento como este, que esos funcionarios debían estar presentes?

Desde Consenso Patagonia hemos procurado visibilizar de manera constante este y otros casos similares en la región, sosteniendo una postura clara frente a la usurpación de tierras. La toma de tierras mediante la fuerza constituye un delito penado por la ley y vulnera derechos reconocidos por la Constitución Nacional. Advertimos también que, sin garantías reales para la propiedad privada, se deterioran la convivencia social, el clima de inversión y el desarrollo productivo en la Patagonia.

Denunciamos la desprotección de los ciudadanos que cumplen con la ley y pagan sus impuestos frente a la tolerancia u omisión de las autoridades al momento de hacer cumplir las órdenes judiciales.

Testimonio de María Cristina Broers

Consultada la propietaria, María Cristina Broers, sobre este sexto desalojo frustrado, comentó:

“Hay dos verdades y dos consecuencias indiscutibles: la primera verdad es que la usurpación es un delito penado por ley y quienes usurpan son delincuentes. Recordemos eso. La segunda verdad es que las gestiones solo se miden por sus resultados: en el año 2011 los delincuentes Melo y Quintriqueo usurparon mi propiedad con cementerio familiar, canales de riego, caminos internos, plantaciones de frutales y árboles plantados hace 50 años, propiedad de la cual pensaba vivir y donde proyectaba construir una casa para mi vejez. Pasaron quince años y nada ha cambiado. El resto son detalles penosos y aborrecibles.

La primera consecuencia es que los delincuentes siguen destrozando mi propiedad, amenazando e insultándome con sus mentiras, y yo sigo pagando impuestos religiosamente porque así me educaron y es lo que corresponde. La segunda consecuencia es que en la provincia de Neuquén un delincuente te dice ‘hágame juicio’ con una sonrisa, porque sabe que en ella prefieren proteger a un delincuente antes que a un contribuyente y su propiedad privada. Mi experiencia de los últimos quince años avala lo que digo. No sería de extrañar si el próximo usurpado recurre a diez matones en lugar de ir a la Justicia, como corresponde”.