El máximo tribunal de Río Negro dejó firme la sentencia por usurpación contra cinco miembros del pueblo mapuche, por la ocupación de un lote de 92 hectáreas al pie del cerro Ventana. La defensa ya anticipó que llevará el caso ante la Corte Suprema.

El conflicto por la ocupación de tierras en la zona sur de Bariloche sumó esta semana un nuevo capítulo judicial. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro confirmó las condenas por usurpación contra cinco integrantes de la comunidad mapuche Buenuleo, quienes habían sido sentenciados en primera instancia por haber ocupado en 2019 un lote de 92 hectáreas ubicado al pie del cerro Ventana.

La causa, que lleva más de cinco años en disputa, se originó tras la denuncia presentada por el empresario Diego Frutos, quien sostiene la propiedad del terreno ubicado en el denominado lote pastoril 127. La comunidad Buenuleo, en cambio, argumenta derechos ancestrales sobre esas tierras, reconocidas por organismos nacionales de relevamiento territorial indígena.

El fallo del STJ dejó sin efecto el último recurso presentado por la defensa, que cuestionaba tanto el encuadre legal como el desconocimiento de los derechos indígenas en la sentencia. Con esta resolución, el camino judicial local quedó agotado, y la única instancia que queda abierta es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que ya anunciaron que acudirán.

“El tribunal no tuvo en cuenta el contexto intercultural ni el marco legal que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios”, expresaron desde la defensa de los condenados. A su vez, organizaciones mapuches y de derechos humanos volvieron a reclamar una salida política al conflicto, en lugar de una respuesta penal.

Por su parte, la querella que representa a Frutos celebró la decisión del STJ como “una señal de respaldo al derecho de propiedad privada”.

El conflicto por el lote 127 se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de la tensión entre comunidades indígenas y propietarios privados en la región andina. Mientras los fallos judiciales avanzan sobre la ocupación, persisten las diferencias sobre el estatus legal del territorio y la validez de los relevamientos realizados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

 

Fuente: Diario Neuquino