El fiscal general subrogante Agustín García dictaminó en contra de los últimos recursos extraordinarios de la comunidad Paichil Antriao y abrió la vía para que se ejecute la sentencia que ordena la restitución del predio al municipio de Villa La Angostura.

El histórico conflicto por el camping del lago Correntoso, en Villa La Angostura, ingresó en una instancia decisiva que podría definir su cierre judicial tras más de una década de disputa. El fiscal general subrogante Agustín García resolvió no habilitar los recursos extraordinarios que había presentado la comunidad mapuche Paichil Antriao, con el objetivo de frenar la ejecución del desalojo ordenado sobre el predio.

La medida fue adoptada el 22 de octubre y significó un fuerte respaldo a la posición del municipio, que busca recuperar la administración del terreno. Con esta decisión, el escenario queda prácticamente listo para que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) confirme la sentencia y el predio sea finalmente restituido al Estado municipal.

Una sentencia firme que se intenta ejecutar
El conflicto judicial había quedado firme en octubre del año pasado, cuando el TSJ rechazó el intento de la comunidad de llevar la causa a la Corte Suprema de la Nación, dejando sin efecto nuevas instancias de revisión. Sin embargo, la discusión volvió a activarse cuando el juez de Junín de los Andes, Santiago Montorfano, remitió el expediente al juzgado local de Villa La Angostura, a cargo del juez Francisco Astoul Bonorino, para avanzar con el cumplimiento del fallo.

La comunidad, representada por el abogado Virgilio Sánchez, consideró que ese traslado vulneraba derechos fundamentales y presentó dos recursos: uno de nulidad y otro por inaplicabilidad de ley. Sostuvo que se violó el principio del “juez natural”, previsto por la Constitución Nacional, y advirtió sobre supuestas parcialidades del magistrado de Angostura en causas vinculadas con comunidades indígenas.

Entre los argumentos también se denunció que la decisión buscaba “facilitar el desalojo” a contramano de los derechos reconocidos a los pueblos originarios por la Constitución y tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT.

Los argumentos del fiscal: sin perjuicio irreparable
En su dictamen, el fiscal García desestimó todos los planteos. Afirmó que las decisiones cuestionadas no son sentencias definitivas, por lo que no generan un daño irreparable que justifique habilitar una instancia extraordinaria.

Además, señaló que la supuesta parcialidad del nuevo juez se basa en afirmaciones genéricas y notas periodísticas, sin pruebas concretas. Remarcó también que los recursos presentados no identifican con precisión qué normas habrían sido mal aplicadas, por lo que se limitan a una expresión de disconformidad con lo resuelto en Cámara.

La recomendación fiscal al TSJ fue clara: rechazar los recursos y cerrar definitivamente el trámite judicial. Si el máximo tribunal de la provincia acompaña este criterio en los próximos días, el municipio quedaría habilitado para avanzar con la entrega del predio, ocupado por Paichil Antriao desde 2011.

Fuente: ADN Sur