Las cuatro agrupaciones que reclaman están asentadas en su mayoría en pleno corazón de Vaca Muerta, donde se define gran parte del futuro económico de Neuquén y del país.
La reciente ocupación forzada de Casa de Gobierno por miembros de cuatro agrupaciones mapuches y su posterior desalojo —también mediante el uso de la fuerza— han generado en Neuquén un clima de tristeza, además de una sensación de ruptura social que requiere especial atención y cuidadoso análisis.
El reclamo de las agrupaciones Rañileo Cárdenas, Fvta Xayen, Kelv Kura y Newen Kura, asentadas en su mayoría en pleno corazón de Vaca Muerta, donde se define gran parte del futuro económico de Neuquén y del país, se centra en obtener el reconocimiento oficial como comunidades originarias. Se trata, en su mayoría, de desprendimientos o fracciones de comunidades ya existentes, que ahora buscan una personería jurídica independiente de la que las ampara.
El reconocimiento oficial como comunidad originaria implica un proceso administrativo complejo y exhaustivo, que exige demostrar la interculturalidad y la continuidad histórica de las tradiciones indígenas. Este procedimiento, que suele durar años, tiene como objetivo garantizar la veracidad cultural e histórica de los solicitantes, evitando suplantaciones de identidad que puedan perjudicar a las 57 comunidades reconocidas en Neuquén, las cuales poseen un legado ancestral validado y documentado.
Nueva generación del conflicto mapuche
Según el convenio entre el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) y el Gobierno de la Provincia de Neuquén, suscripto 03/07/2013 y ratificado por el decreto del ejecutivo provincial 2462/13, el proceso requiere acreditar nueve condiciones fundamentales:
1. Ubicación geográfica que evidencie preexistencia.
2. Identidad étnica.
3. Permanencia de la lengua autóctona.
4. Cultura y organización propias.
5. Conservación de tradiciones esenciales.
6. Convivencia en un hábitat común.
7. Pautas organizativas internas.
8. Elementos que demuestren el origen étnico-cultural.
9. Una nómina formal de autoridades, miembros y parentescos dentro de la comunidad.
Existen comunidades con posesión ancestral de tierras, como los Aigo, Puel, Namuncurá y aquellas asentadas en la cuenca de Ruca Choroi, entre muchas otras, donde fue sencillo corroborar dichos requisitos exigidos por la normativa. En esos casos, no existe ninguna duda sobre su legitimidad histórica y cultural.
La disputa actual radica en que, según el Gobierno Provincial, ninguna de las cuatro agrupaciones en disputa ha logrado acreditar esos nueve presupuestos. Los trámites continúan en un proceso minucioso de análisis, consultas y verificaciones que aún no concluye, por lo que no existe un dictamen definitivo.
Sortearon los canales administrativos
Sin embargo, las agrupaciones han decidido sortear los canales administrativos y judiciales previstos, optando por medidas de fuerza para presionar al Ministerio de Gobierno, a cargo de Jorge Tobares, con el fin de obtener una resolución favorable y el decreto de acreditación como comunidades originarias.
El 16 y 17 de septiembre de 2024 estas agrupaciones bloquearon los accesos a empresas estratégicas como Servicios Ambientales Neuquén, INDARSA, COMARSA Ecopolo y Treater.
El 2 de julio de 2025 irrumpieron por la fuerza en las oficinas del Subsecretario de Gobierno y ocuparon la gobernación, amenazando con permanecer allí hasta lograr el reconocimiento oficial. Finalmente, a mediados de julio, instalaron un acampe frente a la gobernación, con animales y menores de edad, que terminó en un violento desalojo por parte de las fuerzas públicas.
Surge aquí una primera pregunta necesaria: ¿por qué no confiar en los procesos legales en curso, o en su defecto optar por el reclamo judicial y, en cambio, recurrir al apresuramiento mediante la fuerza?
Antecedentes históricos
Mucho antes de la provincialización en 1957, e incluso antes de que el territorio fuera incorporado a la Nación en 1879, Neuquén era el hogar de comunidades mapuches y tehuelches, quienes convivían en relativa paz con el Gobierno Nacional. Todo cambió en 1879, cuando las políticas del Estado argentino dieron un giro radical.
El coronel Napoleón Uriburu —tío del futuro dictador José Félix Uriburu— disparó el tiro que marcaría el inicio de las últimas batallas de la conquista del desierto en la Pampa Patagonia, culminando con la rendición de Sayhueque, en Junín de los Andes, ya acorralado y debilitado. Desde entonces, en Neuquén se cometieron innumerables atropellos a los derechos de los pueblos originarios, siempre en nombre del progreso, la Nación y la bandera argentina. Atropellos inhumanos e irreparables.
No obstante, desde 1964 Neuquén inició un camino pionero de reparación y reconocimiento, adelantado no solo al resto del país, sino probablemente de toda América Latina. Mientras que la Argentina recién reconocería la preexistencia de los pueblos originarios en la reforma constitucional de 1994, Neuquén lo hizo 30 años antes. Ese año, el entonces gobernador Felipe Sapag firmó el decreto N° 0737, que otorgó reconocimiento oficial a las primeras 18 agrupaciones indígenas y les devolvió extensas hectáreas de tierra.
Este proceso de interculturalidad fue profundo y continuo: incluyó censos oficiales, la restitución de tierras, políticas de salud, educación y vivienda, y un profundo respeto por las tradiciones. Prueba de ello son la creación de Artesanías Neuquinas S.E., las escuelas bilingües y el hospital intercultural de Aluminé. El propio himno provincial incorpora palabras en mapuzungun, mientras que la Universidad Nacional del Comahue refleja en su identidad y símbolo el mestizaje cultural que define a la provincia.
Por todo esto, los recientes hechos de violencia en Casa de Gobierno generan una preocupación genuina. ¿Está en riesgo un pacto de convivencia y respeto que Neuquén supo sostener durante más de seis décadas?
Evitar las grietas y mirar con una lente local
Es tentador caer en los discursos simplistas de la grieta: la izquierda denuncia una represión injustificada, mientras que la derecha celebra el restablecimiento forzado del orden. Sin embargo, para comprender el conflicto, es necesario mirar con una lente local y evitar lecturas importadas que poco tienen que ver con la historia neuquina.
El operativo de desalojo fue violento y torpe, y dejó un sabor amargo incluso dentro del propio oficialismo. Las imágenes de niños y animales en medio del caos amplificaron la indignación social y despertaron una empatía inmediata por quienes aparecían como víctimas. Surge entonces una pregunta incómoda: ¿Por qué no flexibilizar la normativa para evitar llegar a este punto de fricción?
La respuesta no es tan simple. Las agrupaciones en conflicto están asentadas en zonas neurálgicas de Vaca Muerta, como Añelo y Rincón de los Sauces, donde se juega el futuro energético del país y donde los acuerdos con las petroleras implican cifras millonarias en compensaciones por derechos de servidumbre y otros conceptos, lo que agrega un componente económico que no puede ignorarse. Este hecho, sumado a la fragmentación interna y la dudosa procedencia de algunos referentes, obliga a preguntarnos si sus reclamos son genuinas reivindicaciones culturales o si responden a intereses económicos enmascarados bajo la bandera de la ancestralidad.
Otro dato que no pasa inadvertido es la figura de la dirigente sindical Angélica Lagunas, una referente de izquierda ajena a cualquier linaje mapuche, que tomó un rol protagónico en las protestas.
Esto abre una incógnita inquietante: ¿se trata de un conflicto cultural, o estamos ante un movimiento de presión política que busca desgastar a Rolando Figueroa? Por supuesto que es inevitable preguntarse si la imagen del gobernador saldrá dañada por estos hechos, o si, al contrario, se verá beneficiada con el nuevo clima político nacional, marcado por la mano dura que promueven Javier Milei y Patricia Bullrich.
Neuquén construyó a lo largo de seis décadas un modelo único de convivencia entre culturas, basado en el diálogo y el respeto. Hoy, no debería ponerse en riesgo ese pacto por los errores de unos pocos, ni por la impaciencia ante procesos legales que existen justamente para evitar conflictos. El desafío estará de aquí en más en no ceder a la violencia de ninguno de los dos lados y en reconstruir puentes de confianza antes de que el fuego del conflicto termine consumiendo lo que durante años fue motivo de orgullo para toda la provincia.
Fuente: LM Neuquén