La presentó el gobierno el sábado a la noche por considerar que se estaba alterando el orden social, tras cinco días de acampe en Casa de Gobierno. El caso sigue en la justicia.

El fiscal de Estado de Neuquén, Raúl Gaitán, denunció el sábado penalmente a los referentes de comunidades mapuche que acampaban en Casa de Gobierno por entender que intentaron «forzar la voluntad» del gobernador Rolando Figueroa para que les entregue las personerías jurídicas. Fue la denuncia que habilitó la orden de desalojo y el posterior operativo policial que terminó con 17 detenidos, el domingo a la mañana.

Gaitán apuntó en su escrito a «un grupo de personas, quienes se atribuyen la representación de las comunidades mapuches Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura y Ragilew Cárdenas, por la posible comisión de los delitos de usurpación de espacios públicos».

Relató que el martes pasado, a las 10:39, se hicieron presentes en la puerta de Casa de Gobierno los referentes y que «con el pasar de los días, fueron ocupando cada vez más el espacio público, puntualmente de las veredas Sur y Este de Casa de Gobierno, con mesas, sillas, fogones, ocho equinos, cinco caprinos, pallets de maderas, placas de durlock, gazebos, motosierras, baño químico, entre otros elementos y diversos vehículos estacionados en zonas de estacionamiento con reserva municipal de los funcionarios».

Explicó que esas acciones «obligaron a restringir el normal funcionamiento de las dependencias del Estado» que funcionan en el edificio de Roca y Rioja, debiendo cerrar accesos, quedando solamente el ubicado en calle Belgrano.

«Un acto de perturbación grave»
El relato del fiscal de Estado fue que las medidas tuvieron como objetivo «forzar al Poder Ejecutivo Provincial a emitir actos administrativos de acuerdo con sus pretensiones», acción que, consideró, «excede el legítimo derecho a peticionar, y se convierte en un acto de perturbación grave del orden público».

Sostuvo que, con la ocupación «organizada e ilegítima de un espacio público estratégico frente a Casa de Gobierno, con presencia visible de pancartas, campamentos y animales, los intervinientes procuran forzar la voluntad del señor gobernador y de sus funcionarios, en abierta presión sobre la decisión institucional».

Por ello el delito que se les notificó a las personas que fueron detenidas fue el de «coacción». Gaitán sostuvo que se trató de «una estrategia de presión con vocación extorsiva», lo que encuadraría en el tipo penal de «amenazas coactivas agravadas contra el poder público».

Cómo sigue la investigación
La denuncia fue tomada por el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, y el de actuación genérica, Diego Azcárate. Ambos firmaron la orden de desalojo pasadas las 9:30 de la mañana del domingo para que las comunidades mapuche y demás manifestantes levanten la protesta en Casa de Gobierno.

Frente a la negativa, y transcurrido el plazo de dos horas que se les había dado, la policía montó un operativo para desalojar el acampe a la fuerza. Hubo 17 detenidos que fueron notificados de la causa y liberados horas después.

Los manifestantes plantearon que no se cumplió el protocolo de actuación durante el operativo y que hubo golpes a mujeres, adolescentes y niños.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, la investigación por la denuncia del gobierno no quedará en manos de Vignaroli, sino que la tomaría la fiscal de actuación genérica, Paula González.

Fuente: Río Negro