Desalojo Parque Nacional Los Alerces. La Justicia Federal avanza con el desalojo de la lof Paillako de la seccional El Maitenal del Parque. Ahora, la Administración de Parques Nacionales debe realizar una constatación para determinar cuántas personas viven en el lugar y cuántos son niños. Cumplido este paso, se desalojaría en un plazo de 15 días.
Agotadas las instancias judiciales que intentó la lof para evitar el desalojo, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó la sentencia del juez de Esquel que ordena el desalojo de Paillako de la seccional El Maitenal del Parque Nacional Los Alerces, usurpada desde 2020.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia avaló la decisión de agosto pasado del juez federal de Esquel, Guido Otranto para ejecutar el desalojo, tras descartar el recurso que planteó la comunidad, que argumentó que se trataba de una recuperación de tierras ancestrales. Parques Nacionales está impulsando el avance de la causa desde el cambio de gobierno.
La constatación que el juez le pidió a Parques Nacionales busca determinar las características de la población: cantidad de viviendas construidas, si hay niños y mujeres. Parques podrá contar con auxilio de las fuerzas federales para ingresar al lugar y cumplir el relevamiento.
Tanto en la resolución de Otranto como en el informe de la Fiscal de la causa quedó corroborado que el ingreso del grupo al predio se produjo a través de métodos violentos. Una vez concretada la constatación, el juez puede iniciar el desalojo en un plazo de 15 días.
Antecedentes de la causa
El gobierno nacional aguardaba expectante la decisión de la Justicia para concretar el desalojo. Cruz Cárdenas, referente de la lof Paillako, que ocupa el lugar desde 2020, está señalado como responsable de iniciar los incendios forestales de los pasados veranos en la zona.
En el fallo de agosto pasado, Otranto mencionó que en 2015 y 2016 hubo incendios intencionales en zonas próximas a Villa Futalaufquen y a El Maitenal, que se ejecutaron de manera estratégica para impedir su rápido control, denotando un conocimiento técnico-operativo y acceso a información que no era pública. En esa época, Cruz Cárdenas ya manifestaba su descontento con la APN y “había rumores de que era quien los había iniciado”.
La cuenta regresiva de la instancia administrativa comenzó el 4 de junio, cuando el notificador de la APN se presentó en el lugar en litigio y notificó a los ocupantes. La orden era desocupar, desmantelar las construcciones realizadas sin autorización y retirar los bienes de su propiedad.
Fuente: Infobae