La presentación se realizó esta mañana en la Ciudad Judicial. Apuntaron contra los responsables “policiales” y “políticos” del operativo que terminó con casi una veintena de detenidos frente a la sede del Ejecutivo provincial el último 20 de julio.

El operativo de desalojo que realizó la Policía de Neuquén contra comunidades mapuches que permanecían apostadas en las inmediaciones de la Casa de Gobierno provincial fue denunciado este miércoles en la Ciudad Judicial por representantes de los detenidos en aquella intervención, con respaldo de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos.

En concreto, la presentación fue iniciada contra el «operativo represivo del gobernador Rolando Figueroa a las comunidades que estaban pacíficamente, porque no vamos a dejar pasar este tipo de situaciones de violencia», explicó ante los medios Lefxaru Nawel, el abogado de la zonal XawvnKo de la Confederación Mapuche.

El letrado resaltó que la denuncia tiene por finalidad defender «el derecho a la protesta y la libertad de expresión» y que también se presentarán como querellantes en representación de los detenidos durante el operativo policial para «impulsar la investigación».

Dijo que la demanda no solo apunta a «los responsables del operativo policial», sino también contra quienes «han dado la orden ilegal e ilegitima» de enviar la fuerza pública a «esta protesta que era pacífica» y culminó con 18 detenidos.

Si bien no hubo nombres, Nawel indicó que desde las comunidades apuntan «a los responsables del operativo policial» y a «los responsables políticos», lote en el que ubicó al fiscal de Estado, Raúl Gaitán, por realizar «una denuncia injustificada y perversa donde se nos acusa de coacción y usurpación del espació público».

También apuntó contra la actuación de la Fiscalía, por considerar que libró una orden que no contó con el control de un juez de Garantías.

Fuentes judiciales consultadas por este diario aclararon, sin embargo, que «es una facultad del Ministerio Público Fiscal ordenar esa medida para hacer cesar los efectos de un delito».

Los delitos incluidos en la denuncia de las comunidades mapuches
La presentación de esta mañana, a cuya redacción pudo acceder Diario RÍO NEGRO, pide «que se investigue la probable comisión de delitos de acción pública», entre los que se mencionan abuso de autoridad reiterado, vejaciones y apremios, lesiones leves y lesiones graves y amenazas agravadas por el uso de arma, además de «otros posibles actos delictivos» registrados durante el desalojo.

La conferencia de prensa contó con la presencia de los abogados patrocinantes de los demandantes, integrantes de las comunidades en conflicto, detenidos durante el operativo, representantes de organizaciones de derechos humanos y gremios estatales.

Liliana Romero, lonco de la comunidad Futaw Rayen, una de las cuatro que junto a Kelv Kurá, Newen Kurá y Ragilew Cárdenas llevaron su reclamo por las personerías a la sede del Gobierno neuquino, dijo por su parte que lo que se está denunciando es «un desalojo desmedido», que no tuvo «contemplaciones con los niños y mujeres» que estaban en el lugar.

Aclaró que desde el pueblo mapuche «siempre estamos abiertos al diálogo», aunque advirtió que en situaciones donde no hay ningún avance, no hay más opción que salir a protestar.

Walter Pérez, integrante de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), también tomó la palabra y pidió que así como «fue tan rápida la decisión de desalojar a las comunidades en Casa de Gobierno», ahora con esta denuncia y pedido de querella «se actúe de la misma manera en el Ministerio Público Fiscal (MPF)«.

Qué dijeron las comunidades del diálogo con el Gobierno
Nawel se refirió a la situación con el Gobierno luego de la instancia de diálogo que se abrió el último lunes en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) con las comunidades que piden la personería jurídica.

Explicó que la denuncia contra la represión policial no debería frenar las conversaciones con el Ejecutivo, ya que «no tiene que ver» la conformación de una mesa diálogo entre las partes con el objetivo simultáneo de la Confederación de «defender el derecho democrático de la protesta«. Indicó, en relación con lo anterior, que lo ocurrido el pasado 20 de julio fue un «intento de amedrentar a quienes se movilizan en Neuquén».

Piden información al ministerio de Seguridad de Neuquén
Para sustentar la acusación y obtener prueba, los denunciantes exigieron la liberación de un oficio al ministerio de Seguridad provincial para que remita, entre otras cosas, «copia de la normativa ministerial y protocolos de actuación para el personal policial en contexto de manifestaciones públicos», la posible posesión de información previa sobre la protesta y el «nombre, apellido, jerarquía y cargo de quienes se encontraban» al mando del procedimiento.

Esto último también se solicitó para el jefe del operativo y la totalidad del personal interviniente en el mismo.

La denuncia realizada hoy por la mañana ya ingresó a la fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos.

Fuente: Río Negro