El juez federal Sebastián Casanello está a cargo de una investigación sobre el acuerdo de conciliación firmado en junio por funcionarios del actual gobierno con representantes de las comunidades mapuches para ponerle fin al conflicto por las usurpaciones en Villa Mascardi.
La investigación se inició tras una denuncia que hizo el diputado Alberto Asseff, en la que apunta a seis funcionarios por firmar la conciliación que extingue la acción penal contra integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, acusados de usurpar un predio de Parques Nacionales.
Los mapuches estaban involucrados en varias causas pero el juicio se suspendió por el acuerdo conciliatorio que establecieron los funcionarios Carlos Corvalán, Virginia Gassibe, Claudio González, Francisco Taboas, Federico Granato y Natalia Jauri en el marco de la mesa de diálogo.
Assef los denunció por los delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, por firmar el acuerdo que implicaba que el Estado desistía de las acciones judiciales.