El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) destacó la importancia de la implementación de la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) como una herramienta clave para el diálogo estratégico y el desarrollo sostenible en Argentina.

El bloque “Reconocimiento de comunidades e implementación de Consulta Previa, Libre e Informada” contó con la participación de Sonia Ochoa, Directora de Tierras y Re.Na.Ci y Alejandro Collia, Director de Afirmación de Derechos Indígenas del INAI. Los expositores enfatizaron que la CPLI no debe entenderse únicamente desde un enfoque normativo, basado en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT o las salvaguardas de organismos internacionales. Más allá de estos marcos legales, la consulta se presenta como un instrumento institucionalizado para fomentar el consenso entre comunidades indígenas, empresas y gobiernos.
“La consulta previa es una herramienta de construcción y participación, no un obstáculo para el desarrollo”, afirmó Ochoa. Este enfoque busca integrar a las comunidades indígenas como aliados estratégicos en proyectos productivos, mineros, agrícolas y energéticos, promoviendo reglas claras que garanticen seguridad jurídica para todos los actores involucrados.

El INAI resaltó que la conflictividad en proyectos de desarrollo no se resuelve solo con normativa, sino con un diálogo estratégico. Citando a los premios Nobel de Economía Acemoglu y Robinson, se subrayó que el éxito de un país depende de instituciones políticas y económicas inclusivas. En este sentido, la CPLI se posiciona como un pilar para construir confianza y sostenibilidad en los proyectos.

Compromiso federal y reorganización institucional
El INAI ha firmado convenios con 10 provincias para implementar la CPLI, destacando el rol del Estado nacional y provincial en liderar estos procesos. A diferencia de experiencias en países como Colombia o Perú, donde la delegación de la consulta a empresas generó conflictos, en Argentina se busca que el Estado asuma un rol activo, evitando desigualdades entre empresas y comunidades.

Un ejemplo destacado es el corredor bioceánico, un proyecto que conectará el Pacífico con el Atlántico, atravesando 318 comunidades indígenas en Argentina. Este desafío requiere un proceso de consulta dinámico, en el que el INAI colabora con gobiernos provinciales para identificar a los actores legítimos y garantizar que las comunidades reconocidas participen activamente.

El organismo también ha trabajado en la reorganización de su registro de comunidades indígenas, que actualmente incluye 1.884 comunidades reconocidas en el país. Este proceso busca clarificar quiénes son los sujetos de derecho en las consultas, evitando que grupos no reconocidos generen conflictos o controversias judiciales. “Es fundamental delimitar quiénes son los actores legítimos para garantizar procesos transparentes”, señaló Ochoa.

Desafíos territoriales y propiedad comunitaria
El INAI abordó la complejidad de los reclamos territoriales, reconociendo que no todas las comunidades indígenas buscan la propiedad comunitaria tal como está planteada en la Constitución, debido a sus restricciones legales, como la imposibilidad de usufructuar la tierra para proyectos como la generación de energía fotovoltaica. En este sentido, se destacó la necesidad de debatir y construir soluciones adaptadas a las realidades de cada provincia.

La suspensión de la emergencia territorial establecida por la Ley 26.160 fue otro punto clave. Según el organismo, esta herramienta -aunque útil en algunos casos- fue mal utilizada en el pasado, generando conflictos con privados y provincias. La nueva estrategia del Instituto prioriza la identificación de comunidades y la resolución de conflictos caso por caso, en colaboración con los gobiernos provinciales.

Trabajo con Parques Nacionales y proyectos sostenibles
El INAI también detalló su trabajo conjunto con la Administración de Parques Nacionales para abordar la presencia de comunidades indígenas en estas áreas protegidas. Se busca establecer acuerdos de uso responsable y mecanismos de co-manejo, diferenciando entre comunidades reconocidas y grupos que se autoproclaman como tales. Este enfoque ha permitido avanzar en la resolución de conflictos, como en el caso del Parque Nacional Calilegua, donde un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia ordenó reparaciones en territorios habitados por comunidades indígenas.

Además, el INAI colabora con sectores como el minero, ambiental y de ordenamiento territorial, asegurando que los proyectos cumplan con estándares internacionales de salvaguardas indígenas. “Nuestra meta es que los proyectos sean sostenibles y cuenten con la participación activa de las comunidades”, afirmó Collia.

Un llamado al diálogo y la transparencia
El Foro Debate 2025 cerró con un llamado a consolidar la confianza entre todos los actores involucrados: comunidades, empresas, provincias y el Estado nacional. El INAI se posicionó como un organismo de consulta y transparencia, comprometido con brindar información pública y herramientas técnicas para garantizar el derecho a la CPLI.

“Espacios como este foro nos permiten construir de manera respetuosa y escuchar otras voces”, concluyeron los expositores, invitando a los gobiernos provinciales y al sector privado a sumarse a este proceso de diálogo. Con un enfoque en la corresponsabilidad, el INAI busca transformar la percepción de la consulta previa, pasando de ser vista como un obstáculo a ser reconocida como una oportunidad para el desarrollo inclusivo y sostenible en Argentina.